Punto y aparte

No se trata de un punto y final, para nada. Más bien del inicio de un proyecto que me gustaría continuar cuando el tiempo y las circunstancias me lo permitan, para saborear, enriquecer y transmitir todo, y a su vez poco que sé y he vivido gracias a la educación. Dejamos el blog comprendido entre paréntesis, que espero un día se cierren y puedan dar luz a renovadas ilusiones. Entre tanto, bloggero, si eres nuevo, ¡BIENVENIDO!, aquí podrás leer y nutrirte de información bien variada sobre lo que "pinta" (como el rodillo que representa el blog) la sociedad en todo esto a lo que denominamos EDUCACIÓN. 

¿Cómo se elaboran las leyes?

Ante la necesidad que poseen las sociedades de alcanzar un gran pacto para su permanencia, tal y como nos lo anunciaba Rousseau en su obra El contrato social (2010), los hombres han creado una legislación como resultado de dicho tratado.

            Para entender esto, quizá deberíamos partir de la definición de la palabra “ley”, dado que posee diversos significados en el lenguaje jurídico. Latorre (1987) considera que es una acepción muy amplia, como equivalente a Derecho objetivo. Por ello, en una acepción más restringida, el término denomina toda norma de carácter general impuesta por los poderes públicos. Por tanto, en un sentido limitado y técnico, por ley se entiende la norma establecida por las asambleas o “parlamentos” a las que la Constitución atribuye el poder legislativo en cuanto representan a los ciudadanos. En nuestro sistema actual, no hay una sino varias asambleas legislativas: las Cortes Generales, que representan al pueblo español en su conjunto y se componen de dos cámaras (el Senado y el Congreso de los Diputados), y las asambleas legislativas de cada Comunidad Autónoma, que representan a los pueblos respectivos y se componen de una sola cámara.

            Así pues, en la democracia tradicional, el concepto y la función de la ley era relativamente simple. La ley era la expresión de la “voluntad nacional” y, como tal, era la norma soberana. Sin embargo, en la actualidad esa homogeneidad se ha quebrantado, abarcando así hoy categorías muy diversas de normas cuyo denominador común es, proceder de los órganos legislativos.

--- JERARQUÍA DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ---

 

Según Latorre (1987) en su libro Introducción al Derecho, podemos realizar la siguiente clasificación para establecer una jerarquía dentro de la legislación española:

CONSTITUCIÓN

            De esta manera, si partimos de la Constitución de 1978, entendiendo esta como la norma suprema por la cual se rige el ordenamiento jurídico español, nos encontramos una clara jerarquización legislativa recogida en la misma.

TRATADOS INTERNACIONALES

            En primer lugar, hallamos los tratados internacionales (Art.96.1 de la Constitución), que una vez hayan sido válidamente celebrados, serán publicados oficialmente en España, pasando a formar parte del ordenamiento interno. De este modo, lo que no podemos obviar de los mismos, es que están regidos también por las normas generales del Derecho internacional.

CORTES GENERALES (Poder legislativo)

            De las Cortes Generales provienen varios tipos de leyes que aquí resultaría dificultoso de tratar. De esta manera, la distinción que deseamos establecer será entre las leyes orgánicas y las que no tienen este carácter (leyes ordinarias).

            La Constitución, en efecto, establece que determinadas materias solo pueden ser reguladas por leyes que requieren una mayoría reforzada de las Cortes y concretamente la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, tampoco pueden ser derogadas o modificadas más que por el mismo procedimiento. Así pues, las leyes orgánicas recaen sobre materias determinadas fijadas por la Constitución. Aunque es difícil negar que tiene un rango superior a las leyes ordinarias y a las de las Comunidades Autónomas, resulta claro que las leyes orgánicas suponen en cierto modo una prolongación de la Constitución y forman con ella el armazón jurídico básico del Estado, establecidas de esta manera para ser duraderas y estar por encima de las contingencias políticas.

            Por tanto, podríamos situar a las Leyes Ordinarias, generalmente, en un tercer escalafón dentro de la jerarquía jurídica, tras la Constitución y las Leyes Orgánicas, dado que pese a corresponderle al igual que las Orgánicas al poder legislativo, su aprobación en condiciones normales es a partir de una mayoría simple. De igual modo, estas leyes se pueden realizar por votación en el Pleno de la Cámara, o en su defecto, por alguna de las Comisiones Legislativas creada para tal fin.

GOBIERNO (Poder Ejecutivo)

            Bajo el control de las Cortes, el Gobierno puede dictar también, con ciertas condiciones y en ciertos límites, “actos con fuerza de ley”, es decir, disposiciones que tienen los efectos de la ley, pero que proceden, al menos directamente, del poder ejecutivo y no del legislativo. Tales son los Decretos – Legislativos y, sobre todo, los Decretos-Leyes, que el Gobierno puede dictar en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Por tanto, podemos distinguir:

·         El Real Decreto Legislativo (Art. 82, 83, 84 y 85 de la Constitución) es una norma con rango de ley en la cual el parlamento ha delegado expresamente en el gobierno para redactarla. Se suele dar como norma general en normas que tengan un carácter técnico y no político, o en el caso que refunda leyes existentes (recoge leyes existentes y las funde en un único texto pero sin variar su contenido).

·         El Real Decreto Ley (Art. 86 de la Constitución) también es una norma con rango de ley, pero se diferencia del Decreto Legislativo en que es dictada por el ejecutivo estatal sin previa autorización expresa del parlamento, por motivos de extrema urgencia o necesidad. Deben ser ratificados por el Congreso en 30 días, y no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

REGLAMENTOS (Ministerios)

            Inferiores en rango a las leyes, se encuentran en nuestro sistema de fuentes los reglamentos. Se entiende por reglamento la norma de carácter general dictada por el Gobierno, y que no tiene fuerza de ley, es decir que no son Decretos-Legislativos ni Decretos-Leyes. El gobierno no tiene la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas generales cuya finalidad es desarrollar las leyes y facilitar su ejecución. Los reglamentos, que adoptan normalmente la forma de Decretos y de Órdenes Ministeriales, sirven, por tanto, para evitar al poder legislativo la imposible tarea de regular todos los detalles de la materia objeto de una ley. Ello supone que los reglamentos no pueden ser contrarios a las leyes, pues existen precisamente para la ejecución de éstas. El control de legalidad de los reglamentos corresponde entre nosotros a los tribunales de Justicia, mediante un procedimiento especial que es el contencioso-administrativo.

Así, aunque el nombre genérico es el de reglamentos, lo cierto es que existe una gama de los mismos, según del órgano del que provengan:

o   REAL DECRETO: Proviene del Consejo de Ministros.

o   ORDEN: Proviene de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

o   ORDEN MINISTERIAL: Proviene de un determinado Departamento Ministerial.

o   CIRCULARES, RESOLUCIONES, INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO: Que provienen de distintos escalafones de los órganos públicos y tendrán la jerarquía normativa en función del orden jerárquico del órgano del que provengan.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Con carácter de Ley Orgánica, aunque con rasgos muy peculiares, tienen los Estatutos de Autonomía, que constituyen la norma básica de cada Comunidad Autónoma, a la que ha de sujetarse su organización y funcionamiento. De esta forma, especial importancia tiene la relación de competencias que cada Comunidad asume en el marco de la Constitución, ya que en la distribución de competencias entre el Estado Central y las Comunidades se encuentra la clave de la ordenación y el funcionamiento del complejo “Estado de las Autonomías”.

Así pues, las leyes elaboradas por la Cámara Legislativa de cada Comunidad Autónoma se encontrarán al mismo nivel (dentro del territorio en el que son aplicables) que las estatales, aunque para su elaboración contará con ciertas particularidades pues deberán regirse a lo establecido por la Constitución y su propio Estatuto de Autonomía.

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

Finalmente, las disposiciones de los Ayuntamientos y Diputaciones) se clasifican en Ordenanzas, Reglamentos, Bandos, y nunca podrán contradecir o sobrepasar cualquier norma de rango superior.
 

--- ESTRUCTURA DE LAS LEYES EN ESPAÑA ---

 

De este modo, dada la heterogeneidad de aspectos que abordan y regulan las leyes, es necesario una jerarquía y una estructuración de las mismas para establecer una coherencia dentro del Sistema Legislativo. Así pues, siguiendo la estructura propuesta por Francese Pau i Vall (2009) y  basándonos en el documento División estructural de la ley (2010),  la siguiente disposición es la que podremos encontrarnos en las distintas leyes redactadas en nuestro país.

PARTE EXPOSITIVA DE LA LEY:

·         El título

Para una correcta elaboración y formulación del título de la Ley, es necesario conocer las sugerencias y recomendaciones que hacen tanto los tratadistas y los manuales, para que posteriormente nos permita citar ejemplos de títulos, ya sea, de correcta formulación y de aquellas que presentan deficiencias en su redacción, siempre en aras de contribuir a la mejora de la calidad legislativa.

El título de la Ley debe permitir la identificación de su objeto de forma precisa, diferenciada y completa, mediante el título, una Ley se individualiza y se diferencia de las demás.

El título debe ser claro, preciso, concreto y completo de la ley, evitando ambigüedades que desvirtúen la esencia de la disposición.

Conjuntamente al título de la ley, debe citarse la categoría normativa de acuerdo a su  rango, el número de la norma,  fecha de promulgación y aprobación de la misma y la descripción breve y precisa del contenido regulatorio.

·         Exposición de motivos y preámbulo

La exposición de motivos, es la que antecede a la parte dispositiva de la ley,  forma parte de la parte explicativa o justificativa de una Ley, generalmente no tiene carácter normativo, eso si, tiene un carácter interpretativo sobre la autenticidad de la voluntad que motivó al o a los proponentes.

De esta manera, en la exposición de motivos resalta fundamentalmente el carácter explicativo, mientras que  interpretativo corresponde al preámbulo de la Ley.

PARTE DISPOSITIVA DE LAS LEYES

·         Libros

Únicamente las leyes muy extensas que traten de recopilar o codificar una materia general o una sola reama del derecho se dividirán en libros. Así pues, es muy raro encontrar leyes divididas en libros. Sin embargo, también es posible hallar leyes que por su extensión o complejidad de las materias que regulan deben estar divididas en libros. Los libros se deben numerar usando ordinales escritos en letras, y deben llevar asimismo título.

·         Títulos

Solos se  dividirán en títulos las leyes que tengan partes claramente diferenciadas. La agrupación en títulos sólo tendrá lugar en leyes muy extensas y generales; pero nunca sustituirá a la agrupación primaria de los artículos en capítulos.

·         Capítulos

Es la división general más común en las leyes. En general, el capítulo es, o bien una subdivisión del título, o bien una unidad de división independientemente en leyes que no están divididas en títulos, y que además, cada capítulo debe tener un contenido unitario.

·         Secciones

La sección es una división poco usual, ya que es común que los capítulos sólo se dividan en artículos. El formar secciones significa que la materia es extensa y que requiere divisiones en su ordenación, pero no es suficiente para rebasar el contenido del capítulo, dándole una articulación unitaria.

·         Artículos

El Artículo es la división elemental y fundamental de las leyes, comprensiva de una disposición legal condensada en una sola o en varias frases, a veces repartidas en varios párrafos o apartados. Cada artículo deberá regular un solo tema o precepto o, en su caso, varios preceptos que respondan a una estricta unidad temática. Debe estar constituido por uno o varios párrafos (generalmente no más de cuatro), que no deben ser demasiado extensos.

De este modo el artículo, según apunta Francese Pau i Vall en su artículo La estructura de las leyes en España (2009), puede encontrase subdividido en apartados (numerados mediante cardianles), y estos a su vez pueden encontrarse subdivididos en letras, que como bien establece su nombre, serán  designadas mediante las letras ordenadas alfabéticamente, o bien del modo i, ii, iii,etc.

PARTE FINAL

Disposiciones adicionales

Las disposiciones adicionales son aquellas normas o regímenes especiales que no pueden incluirse en ningún otro capítulo de la parte dispositiva. En estas disposiciones se deben regular regímenes especiales, dispensas, excepciones que no fuesen posibles regular estos aspectos, por su especificidad, en otra parte del articulado del texto.

Disposiciones transitorias

Las disposiciones transitorias, tienen como objeto, facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva disposición.  El legislador ponderará siempre los problemas de transitoriedad que produce la ley, y explicará, de forma detallada y precisa, el régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas previstas pendientes.

Disposiciones obligatorias

Las disposiciones derogatorias, expresan la voluntad de excluir parcialmente, una o más disposiciones del ordenamiento jurídico, debiendo ser siempre de forma expresa y detallada.

Disposiciones abrogatorias

Las disposiciones abrogatorias serán claras, terminantes y concretas, sin contener otro mandato que el de la pérdida de validez de la norma que abrogan, indicando con la mayor precisión posible el objeto de la abrogación. No deben prescribir conductas, sino eliminar normas.

Disposiciones finales

Las Disposiciones Finales son normas que confirman, destacan o incluyen factores o enunciados que clarifican el objetivo y el alcance de la ley o repercusiones que éstas puedan tener.

Anexos

Los anexos, constituyen la aplicación de un procedimiento especial,  que debido a su carácter técnico y a su extensión, no pudieron formar parte del articulado.

Se recurre al uso de anexos en presencia de textos en forma de tablas, enumeraciones, sinopsis y similares, de orden técnico, largo y detallado, cuya ubicación en el texto del artículo, resulta incompatible con la fluidez que requiere la norma y que resienten la comprensión de los artículos.

--- PROCESO LEGISLATIVO ---

 

El procedimiento legislativo es el conjunto de trámites que sigue un proyecto o proposición de ley que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y en el Senado. De esta manera, tal y como aparece reflejado en la página web oficial del Senado, podemos distinguir tres fases:

1. FASE INICIAL

La fase inicial consiste en la presentación de una iniciativa legislativa que se denomina, dependiendo de quién sea su autor, “proyecto de ley” si  procede del Gobierno o “proposición de ley” si su autor es el Congreso, el Senado, una Comunidad Autónoma o 500.000 ciudadanos.

             Aunque lo más corriente es que sean presentadas en el Congreso de los Diputados, es también posible que las proposiciones de ley se presenten en el Senado (por un Grupo Parlamentario o 25 Senadores). En tal caso, una vez publicadas se abre un plazo de quince días en el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas. Tras este la proposición de ley se incluye en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración. En el Pleno interviene uno de los proponentes para su defensa, seguido de dos turnos a favor y dos en contra, así como un turno de Portavoces de los Grupos parlamentarios que no podrá exceder de diez minutos. A continuación la toma en consideración se somete a votación y, si es aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación. Si no es aprobada, finaliza la tramitación.

         De los textos que inician su tramitación en el Congreso, los proyectos de ley del Gobierno están exentos de toma en consideración. En cambio se exige el trámite de toma en consideración, que se desarrolla en el Pleno del Congreso de los Diputados, para las proposiciones de ley presentadas por los Diputados y Grupos Parlamentarios del Congreso, Comunidades Autónomas e iniciativa popular.

2. FASE CONSTITUTIVA

En esta fase se pretende determinar el contenido de la futura ley, lo que se hace a través de sucesivas deliberaciones y votaciones, que tienen lugar en las Cámaras.

En el Congreso pueden distinguirse las siguientes fases básicas:

 

En el Senado se sigue un procedimiento parecido, pero siempre limitado por el plazo de dos meses que establece la Constitución y que se acorta a tan solo veinte días en los proyectos declarados urgentes: 

1. Se dispone la publicación del texto recibido del Congreso y la Mesa del Senado decide la Comisión legislativa competente para su tramitación abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos, de diez días. Si no se presentan, el proyecto o la proposición pasan directamente a deliberación en sesión plenaria.
2. En caso de presentarse enmiendas o propuestas de vetos, la Comisión competente puede designar una Ponencia para que elabore el informe, pudiendo prescindir de este trámite si no lo ve justificado. La Ponencia dispone de quince días para evacuar ese informe, que puede proponer modificaciones al texto y que habrá de discutirse en Comisión.
3. Debate en la Comisión competente dentro de los quince días siguientes. El dictamen de la Comisión recoge las enmiendas aprobadas.
4. Aprobado el Dictamen de la Comisión, se abre un plazo de un día para que los Senadores puedan presentar, a través de sus votos particulares, propuestas alternativas al Dictamen de la mayoría.
5. Debate y votación en Pleno antes de que transcurra el plazo constitucional. El debate en sesión plenaria comienza con la presentación del Dictamen de la Comisión por el Senador designado al efecto, turno destinado casi siempre a exponer las líneas fundamentales del proyecto en discusión y sus vicisitudes en la tramitación por la Cámara. A continuación, se abre un debate sobre la totalidad con un turno a favor y otro en contra, seguidos de las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios por un tiempo no superior a diez minutos cada uno.

Se exige mayoría absoluta para la aprobación de un veto. Si se produce tal aprobación, que implica un rechazo a la totalidad, ya no se justifica continuar con el resto del Dictamen, y el Presidente del Senado, en consecuencia, da por concluido el debate sobre el proyecto, comunicándoselo así a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Gobierno. Si, en cambio, la propuesta de veto es rechazada, se ponen a discusión los votos particulares al articulado, siguiendo su orden.

       Concluido el plazo de mantenimiento de los votos particulares, la presentación de propuestas de modificación del Dictamen de la Comisión se sujeta a reglas estrictas: es necesario que se suscriban por la totalidad de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios o bien por la mayoría de los Portavoces que representen la mayoría de Senadores y hayan sido objeto de votos particulares.

      Si el Senado no aprueba un veto ni introduce ninguna enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados, éste se remite al Presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real.

      Si el Senado introdujera veto o enmienda, el texto ha de volver, junto con un mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para su eventual ratificación. El Congreso de los Diputados puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros, y levantar el veto por mayoría absoluta o  bien por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo. Cuando el Congreso es el último en intervenir, es él el que realiza la remisión al Presidente del Gobierno a los efectos de la remisión del texto para su sanción y promulgación por el Rey.

3. FASE FINAL

La última fase consiste en la sanción, promulgación y publicación de la ley. La sanción y promulgación por el Rey son actos formales, que deben tener lugar en los quince días siguientes, sin que el Rey o el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

 

BIBLIOGRAFÍA:

·        Congreso de los Diputados. (2003). La Constitución Española. Recuperado el 25 de abril de 2014 de: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=81&fin=92&tipo=2

·        Díez Picazo, A. (1982). Sistema de Derecho Civil I. Madrid: Tecnos.

·         Instituto de Investigación Jurídicas (2010).  División Estructural de la ley. Recuperado el 25 de abril de 2014 de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2926/13.pdf

·        Latorre, A. (1987). Introducción al Derecho. Barcelona: Ariel.

·        Leyes Trivium (1984). Constitución Española. Madrid: Editorial Trivium.

·        Pau i Vall, F. (2009). La estructura de las leyes en España. Revista Debate, 16, 12-20. Recuperado el 25 de abril de 2014 de: http://www.asamblea.gob.pa/debate/DEBATE_No16/02-Estructura_leyes_Espana.pdf

·        Pérez Royo, J. (1984). Las fuentes del Derecho. Madrid: Tecnos.

·        Rousseau, J.J. (2010). El contrato social. Buenos Aires: Aguilar.

·        Senado de España (2014). Procedimiento Legislativo Ordinario. Recuperado el 25 de abril de 2014 de: http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/procedimientosparlamentarios/detalle/index.html?id=PROCLEGORD

¿Y esto de la DEMOCRACIA? - Reg. Políco Vs Sist. Político; Sist. Político Vs Sist. Electoral

Según Pegoraro (2012) podemos entender al régimen político como parte integrante del sistema político y compuesto por: a) “las ideologías, valores, o creencias, dominantes o en situación de competencia; b) normas o reglas del juego; c) estructuras de decisión y d) estructuras de enforcement” (Morlino, 1980). La definición general se completa con la visión del régimen político como un concepto bidimensional (Munck, 1996) que permite aumentar su nivel de observación.

 

 

            La primera dimensión, la procedimental, alude al conjunto de reglas y procedimientos que definen:

a) El número y tipo de actores a los que se les está permitido acceder a las principales posiciones de gobierno. 

b) Los métodos de acceso a tales posiciones.

c) Las reglas que se siguen en la formulación de decisiones vinculantes.

            La segunda dimensión del régimen político se refiere al grado de aceptación o rechazo que los actores manifiestan hacia las reglas. En función de ello se la denomina, dimensión actitudinal o conductual.

            La aceptación, sea normativa o estratégica, constituye un elemento que permite evaluar la relación de los actores con la reglas y por ende su posición frente al régimen político sea éste democrático o no.

            De este modo, podemos decir que el régimen político es el tipo de autoridad política existente en una determinada sociedad, y la forma cómo esta es ejercida. Estos dos conceptos son definidos por la constitución de cada nación.

            Se abarcan así otros dos términos, el de fuerza y consenso, entendiendo la fuerza como el principio que obliga a cada ciudadano a obedecer al mandatario y/o gobierno, y por consenso, a la necesidad existente por elaborar una comunidad política sobre la base de las leyes, para así no ejercer la autoridad por el mero uso de la fuerza bruta, sino que también exista una participación múltiple para asegurar que las necesidades de todos sean suplidas. Para el correcto funcionamiento de un Estado, han de mantener un equilibrio entre ambos, para evitar problemas tales como la rebeldía o la opresión.

De esta manera, a lo largo de la historia hemos contemplado distintas clasificaciones:

      Aristóteles, realizó una subdivisión:

 

En las formas puras el gobierno es para el bien común, en las desviadas para el interés particular de quien detenta el poder.

      Por otro lado, Montesquieu, realiza una triple distinción: República, Monarquía y Despotismo.

 

o   El gobierno republicano es aquel en el que el pueblo en conjunto, o solamente una parte de él, tiene el poder soberano.

o   El monárquico, aquel en el que gobierna uno solo, pero con leyes fijas y establecidas.

o   En el despótico, uno solo, sin ley y sin regla, lo arrastra todo por voluntad y capricho

      Finalmente, nos podemos encontrar gran variedad de clasificaciones actualmente, como la siguiente: Democráticos, Monárquicos, Autoritarios, Islámicos, Socialistas, Populistas, Pluripartidistas o Unipartidistas.

            Frente a lo anterior, podemos definir el sistema político como la forma concreta, articulada con frecuencia en un conjunto de leyes básicas, que adopta la organización de la vida política de la sociedad.

            Está conformado por una serie de subsistemas a través de los cuales se establecen y desarrollan los mecanismos e instrumentos de acceso y control al poder estatal. Estos subsistemas son: el sistema de partidos, el sistema electoral, etc.

            Así pues, el sistema político establece las características de los ciudadanos que pueden tener acceso a los cargos públicos; define los recursos y estrategias que pueden utilizar para ganar tal acceso y establece los mecanismos que aseguren su adecuado control.

            De este modo mientras que un régimen político es una manera de ejercitar los distintos tipos de poder por parte del gobierno, un sistema político es el sistema en el que se encuentra inmerso dicho poder y en el cual ha de desenvolverse para conseguir su objetivo. Este sistema viene formado por instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones…

1.2.- Sistema electoral y sistemas de partidos

            Una vez hemos comprendido todo lo que abarca el sistema político, nos disponemos a estudiar un subsistema del mismo, el sistema electoral, el cual, según García Diez (2001), requiere de dos distinciones previas. La primera de ellas es la que diferencia régimen de sistema electoral. Del mismo modo que la distinción entre régimen y sistema político, el régimen electoral hace referencia al conjunto de reglas electorales formales (Constitución y ley Electoral), mientras que el sistema electoral hace alusión a los componentes o variables de las reglas del juego que, siempre en interacción, ejercen un impacto político fundamental y permiten tanto el análisis empírico como la valoración de los rendimientos efectivos de las reglas.

Junto a esta, podemos encontrarnos distintas definiciones de Sistema electoral:

“El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política.” (Valdés, 1997)

Un sistema electoral es el conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos técnicos enlazados entre sí, y legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público.

            De esta manera, según Nohlen (2004)  “los sistemas electorales constituyen una parte del más extenso concepto del derecho electoral, el que, sin embargo, en sentido estricto pude ser entendido sólo como el requisito legal del derecho de elegir y de ser elegido”. “Básicamente, los sistemas electorales pueden clasificarse según dos principios: el principio de la elección mayoritaria y el principio de la elección proporcional”

            Junto al Sistema electoral, y cogido de la mano, aparece el sistema de partidos. Este, y continuando con el mismo autor, es entendido como “la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un Estado”. Así, los elementos que incumben al mismo son los siguientes:

a)      El número de partidos

b)      Su tamaño

c)      La distancia ideológica entre ellos

d)      Sus pautas de interacción

e)      Su relación con la sociedad o con grupos sociales

f)       Su actitud frente al sistema político

            Con todo ello, Sartori elabora una clasificación atendiendo al número de partidos, como se ha ido realizando eventualmente, pero esta vez junto a otros criterios, resultando lo siguiente:

·         Sistema de partido único (Unión Soviética)

·         Sistema de partido hegemónico (México)

·         Sistema de partido dominante (India, Japón)

·         Sistema bipartidista (Estados Unidos, Gran Bretaña)

·         Pluralismo moderado (Países Bajos, Alemania, Bélgica)

·         Pluralismo polarizado (Finlandia, Italia)

            No es de extrañar por tanto que la influencia del sistema electoral sobre el de partidos haya sido una de las cuestiones más analizadas en la democracia. Prueba de ello es la obra de M. Duverger L´influence des systemes electoraux sur la vie politique (1950), donde se recoge una de las famosas leyes: “la representación proporcional tiende a un sistema de partidos múltiples, rígidos e independientes; (el sistema mayoritario) a doble vuelta a un sistema de partidos múltiples, flexibles e independientes; el sistema mayoritario con distrito uninominal, al dualismo de partidos”.

            Por tanto, y una vez que hemos estudiado los distintos términos planteados, podemos llegar a la conclusión de que el Sistema Político recoge otra clase de “subsistemas” como es el electoral o de partidos, a la vez que incluye dentro del mismo, el régimen político.

 

---- CONCEPTO DE DEMOCRACIA ----

 

A lo largo de la historia, han sido muchos los autores que han tratado la democracia, surgiendo multitud de definiciones u conceptualizaciones de la misma. También es cierto, que en este transcurrir el término ha ido cambiando y adquiriendo distintos significados, adaptándose a la época del momento. Así por ejemplo para Ávila (2010):

La democracia es un conjunto particular de instituciones y prácticas políticas, un cierto cuerpo de doctrinas jurídicas, un orden económico y social, un sistema que asegura el logro de ciertos resultados deseables, una serie de valores que deben garantizarse a través de instituciones, un proceso singular para la toma de decisiones, etc.

Pero para llegar a esta conclusión, antes debemos estudiar las distintas transformaciones que se han producido a lo largo del tiempo.

 

La democracia ateniense

            Como bien es sabido, y tal como nos lo recuerda Ávila en su artículo La democracia en la sociedad organizada (2000), el origen de la democracia parte de la Grecia Antigua, en particular de Atenas y Siracusa, donde Aristóteles ya enunciaba en su obra Política la inclusión de la democracia

como sistema donde el control del poder residía en el pueblo, ampliándose paulatinamente la connotación de esta palabra, llegando a significar lo contrario a “los pocos”, “los mejores” o “los poderosos”. De esta manera, serían los sofistas los que introdujesen el logos o razón al término democracia, como vehículo y alternativa para la resolución de conflictos o la búsqueda de acuerdos.

            Así pues, según Ávila (2010) la democracia clásica se basa en las siguientes ideas y valores:

·         El areté o virtud, correspondiente al término socrático que hace referencia a valores como la compasión, generosidad, autocontrol, etc. De este modo, todo ciudadano podía aspirar a poseer las virtudes de un noble, suponiendo esto el inicio de lo que más adelante denominaremos democracia.

·         La dike o justicia, sustentada en la igualdad frente a la justicia, tratada por diversos autores como Protágoras, Aristóteles o Tocqueville.

·         El nomos, donde se concibe la ley como elemento fundamental para lograr la justicia, sin necesidad de ser esta justa por naturaleza. Más aun, lo que para una sociedad puede considerarse justo, para otra puede no serlo. De aquí parten las dudas que les surgían a los sofistas sobre el verdadero poder del logos.

La democracia liberal y representativa

            Tras las revoluciones americana y francesa, Constant (1998) experimenta un cambio entre las democracias de la Edad Antigua y las liberales, otorgándole a esta última la libertad individual y la defensa de la esfera privada. Esto se encuentra motivado por el creciente número de ciudadanos y la consiguiente especialización de trabajos, que se reflejan en última instancia en una mayor heterogeneidad social y cultural. Así es como contemplamos una clara diferenciación entre lo público, aquellos asuntos que incumben a toda la población en búsqueda del bien común, y lo privado, que desarrolla los intereses particulares.

            No es de extrañar por tanto que este tipo de democracia limite el poder de la sociedad y del gobierno, restringiendo la autoridad y propiciando una división del poder semejante a la propuesta en el modelo de Montesquieu. Ante esto, surgen las elecciones, que pese a producir un gobierno y una representación, no llegan a ser realmente neutrales. Este es el motivo por el que se introduce la representatividad, donde se pretende integrar a las minorías y de esta forma aumentar la legitimidad del sistema.

Otras teorías de la democracia

            Actualmente observamos otras categorizaciones de la democracia. Así por ejemplo para Schumpeter (1984), la democracia no deja de ser un mecanismo competitivo, donde es complejo llegar a un acuerdo para definir el camino y los medios en la búsqueda del bien común.

            De este modo Robert Dahl (1990) prefiere hablar de poliarquía, cuyo fin último se encuentra sustentado en los centros de poder y autoridad, concibiendo así la democracia como el ideal de participación y representación. Para ello, Dahl marca cinco condiciones: la participación de todos los ciudadanos, la igualdad de voto, el acceso a la información para la elección, el control por parte de los ciudadanos de los asuntos que les conciernen, y la inclusión de todos los adultos en los derechos de ciudadanía.

Una vez por tanto estudiada esta evolución, llegaremos a alcanzar el pleno significado de la definición con la que encabezábamos este apartado, según Ávila (2000):

La democracia es un conjunto particular de instituciones y prácticas políticas, un cierto cuerpo de doctrinas jurídicas, un orden económico y social, un sistema que asegura el logro de ciertos resultados deseables, una serie de valores que deben garantizarse a través de instituciones, un proceso singular para la toma de decisiones, etc.

BIBLIOGRAFÍA:

·         Ávila, M. (2000). La democracia en la sociedad organizada. Barataria: Revista castellano-manchega de ciencias sociales, 2-3, 55-61.

·         Constan, B. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza.

·         Dahl, R.A. (1990). La poliarquía. Madrid: Tecnos.

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